Por Agustín Santella**
Las rebeliones populares del Cordobazo/Rosariazo de 1969 pusieron en jaque al gobierno militar de la “Revolución Argentina”. En 1974 Nuevo Hombre sostiene que estas rebeliones son “el faro revolucionario que guiará al triunfo indiscutible contra la reacción y forjará una patria sin explotadores, ni explotados, la Patria Socialista”. Si en el 1900 los sindicalistas revolucionarios vieron en la huelga general el mito fundacional de una nueva sociedad, en los 70 el mito se transforma en la insurrección de masas, y su posible continuidad en la guerra popular, en donde la huelga se subordina a formas más combativas.
A lo largo de los años 1969-1976 el simbolismo de la protesta recorrió desigualmente los territorios, las clases y los grupos de la sociedad argentina. En comparación con la extraordinaria ola huelguística de 1959 (fundamentalmente porteña), en el ciclo del Cordobazo participaron estudiantes, intelectuales, sacerdotes, campesinos y pequeños empresarios. Además, este ciclo incorpora el giro peronista de 1973. Esta heterogeneidad de identidades sociales, políticas e intereses materiales signará la activación setentista.
En esta activación los sindicatos enfrentaron el descontento activo de las bases a lo largo de estos siete años de movilización. La CGT queda descolocada por su apoyo al golpe de estado de 1966, consonante con el “desensillar hasta que aclare” emitido por Perón desde el exilio en Madrid. Defraudados, específicamente con la política económica liberal a manos de Krieger Vasena, los dirigentes sindicales convocaron a una huelga general en 1967 que en parte fracasó por su propia inconsecuencia y encontró una represión más dura, la ilegalización e intervención a los fondos gremiales. Esta ruptura con el estado privaba a la estructura sindical del canal para desempeñar la estrategia vandorista del “golpear y negociar”, que debilitaba su papel de vocero político de los trabajadores, con el peronismo todavía excluido.
El fantasma del “poder obrero” recorría la Argentina. Teniendo su centro en Córdoba, paulatinamente se irá extendiendo hacia Buenos Aires. Desde Córdoba, tanto las siglas SITRAC-SITRAM como los nombres Agustín Tosco y René Salamanca personificaron las nuevas corrientes en el movimiento obrero. Los trabajadores automotrices cordobeses de FIAT protagonizaron la mayor radicalización en las formas de acción y en la identidad de clase de su discurso como referentes del “clasismo”. El luzyfuerzista Tosco expresó, en cambio, una alianza política ideológica más amplia llamada sindicalismo de liberación, que intentó con bastante éxito articular a los sectores peronistas combativos con los militantes marxistas en la CGT cordobesa. En un sentido que procuraba superar la falta de alianzas propia del primer clasismo, encontramos tanto Salamanca en el SMATA, como también a Alberto Piccinini en la UOM Villa Constitución.
En 1973, ya con la asunción del Gobierno de Héctor Cámpora, se produjo una ola de ocupaciones de establecimientos administrativos públicos, educativos y medios de comunicación. Estas ocupaciones fueron vistas como expresión del conflicto laboral. Pero más bien fueron el escenario de la puja de fuerzas entre la izquierda y derecha del peronismo por el control del gobierno, antes que la continuidad del movimiento laboral combativo.
La rebelión sindical continuó en conflictos laborales en empresas importantes y en localidades obreras, de gran impacto cualitativo más que por la cantidad de trabajadores involucrados. Ejemplos fueron Philips, General Motors, Terrabusi, Molinos Río de la Plata, Astarsa (Tigre), Pasa (San Lorenzo-Santa Fe), Acindar (Villa Constitución). En todos ellos los trabajadores de base se enfrentaron simultáneamente a las patronales y a la estructura sindical nacional, en sectores industriales estratégicos. En la Petroquímica Pasa el colectivo obrero practicó la autogestión durante dos meses. Pero se trató de una experiencia de vanguardia. El Villazo de marzo de 1974 marcó el pico en la radicalización de estas confrontaciones, esta vez en el seno de la misma Unión Obrera Metalúrgica. Aquí a la protesta laboral se sumó la solidaridad activa de toda la localidad. Su respuesta desde el aparato estatal, en el que se había incorporado conflictivamente la estructura sindical, fue la cruenta represión de marzo de 1975.
Pero el escenario de 1975 había cambiado significativamente respecto de 1969. Desde entonces sectores del gobierno de la Revolución Argentina replantearon, no sin vaivenes, sus relaciones con los sindicatos, el peronismo y la oposición. La crisis de integración de los sindicatos en el estado, más la proscripción peronista, abría una alternativa insurreccional expresada en el Cordobazo-Viborazo. Para desactivar este rumbo, las Fuerzas Armadas propiciaron la apertura del régimen democrático con la aceptación del peronismo, especialmente a partir de la presidencia de Lanusse (1971).
Esta política aisló a la izquierda revolucionaria. La reapertura constitucional no impidió el proceso de militarización de la violencia social, pero marcó un cambio en sus formas y actores. Cuantitativamente los hechos de violencia se duplicaron entre 1969- 1976 y triplicaron durante la dictadura. Desde 1969 a 1972 la violencia contra el régimen tuvo amplio consenso en todos los sectores sociales (obreros, medios y altos). Las ocupaciones fabriles con rehenes, o de universidades, y los enfrentamientos callejeros con las fuerzas represivas eran tan frecuentes, como las acciones armadas de las vanguardias revolucionarias, y ambas se solidarizaban contra la dictadura. Además de la participación directa, la solidaridad se expresaba en la simpatía popular. En 1972 más de la mitad de la población aprobaba la violencia desde abajo, con mayor simpatía aún en los sectores medios y altos que bajos, y en el interior que en Buenos Aires. La reapertura política replanteó la relación entre violencia y política, aislando a los revolucionarios armados de sus bases. Las acciones armadas pasaron de la protesta social a ser protagonizadas por las organizaciones revolucionarias y los grupos paraestatales y estatales de represión. Si bien estos últimas impusieron su fuerza militar a través del terrorismo, actuaron de parte del gobierno peronista de base popular y sindical.
Como parte de las concesiones posteriores al Cordobazo, el gobierno decreta la Ley 18.610 de Obras Sociales que otorga los fondos a los sindicatos. Aunque no reanudó la negociación colectiva, reivindicación que motivó recurrentes paros nacionales por la vigencia de la Ley 14.250. Empero, el plan de apertura de Lanusse adelantó el marco económico y político para el Pacto Social de 1973 por el que la CGE, CGT y Gobierno acordaron congelar precios y salarios. A pesar del aumento de salarios inicial, el congelamiento de las paritarias entre 1973 y 1975 creó un frente de conflictividad inmanejable para Perón e Isabel Perón que desembocaría en el Rodrigazo. Ocurrió que el Pacto Social no impidió que los empresarios subieran los precios, o crearan mercados negros, provocando la demanda salarial. También data de Lanusse cierto nacionalismo económico (Ministerio Aldo Ferrer), expresando de hecho la imposibilidad que el juego de las fuerzas sociales trajo a los planes neodesarrollistas de los primeros años 60.
El retorno de Perón, sobrevolando la masacre de Ezeiza el 20 de Junio de 1973, simbolizaba contradictoriamente los derechos obreros, el capitalismo con justicia social, y el freno contra la subversión marxista en la “comunidad organizada”. Su candidatura era sentida como propia por los trabajadores, aquello por lo que lucharon durante 18 años, por esto Agustín Tosco evitó competir electoralmente con el FREJULI.
Durante estos años se fortaleció social e institucionalmente el poder de los sindicatos, al mismo tiempo que lanzó la represión ilegal terrorista contra los activistas y dirigentes clasistas, combativos u opositores, mediante asesinatos, interviniendo seccionales y sindicatos. El gobierno nacional desplazó por la fuerza policial y parapolicial a los gobernadores provinciales cercanos a la Tendencia revolucionaria (izquierda peronista), incluyendo Córdoba y Buenos Aires. En estos operativos participaron grupos armados del aparato de la CGT (Juventud Sindical Peronista).
Después de la gestión de Cámpora, el Gobierno censuró a la prensa escrita, la televisión, y el cine. La Universidad de Buenos Aires, llamada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires durante el período de hegemonía peronista revolucionaria, fue intervenida con violencia de igual modo que sindicatos y provincias.
Un último gran ascenso de las movilizaciones laborales de base fue catalizado por la paralización general del trabajo durante los meses de Junio y Julio de 1975 como respuesta a la política de shock neoliberal denominada Rodrigazo. Pero esta vez la movilización empujó a las conducciones de la CGT las que mantuvieron la representación al canalizar la protesta. En este tramo, florecieron las Coordinadoras Gremiales, que articulaban una gran parte de las comisiones internas y seccionales combativas, desafiando la conducción cegetista. Estas Coordinadoras surgieron en Córdoba, Gran Buenos Aires, y en la zona industrial de La Plata. Las Coordinadoras de Buenos Aires representaron unos 130.000 trabajadores, manifestando una importante capacidad de la izquierda de base sindical, con más peso de la Juventud Trabajadora Peronista.
Luego del Rodrigazo, el alejamiento del Gobierno de Isabel Perón de sus distintas bases sociales (de los de arriba, pero también de los de abajo) decidió a los grupos dominantes que había terminado el ciclo del Cordobazo y volvería, de una manera mucho más radical, la etapa represiva. El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 no fue un acto irracional de las Fuerzas Armadas, sino una estrategia de la clase dominante en alianza con una parte de los sectores “democráticos” de las clases medias.
*Iniciativa conjunta desarrollada por Resumen Latinoamericano, Contrahegemoníaweb y La luna con gatillo.
**Publicado en Acción. En defensa del cooperativismo y el país, No. 1058, pp. 24-25.