La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) inauguró su primer Mercado Mayorista de productos cooperativos en Avellaneda.
Por Santiago Somonte
Fotos: Manu CorreaUTT
Buscar un eje, un parámetro general para dimensionar la incertidumbre distópica que generó este año resulta al menos, complejo. Más aún, hurgar en los modos de enfrentar el proceso de pandemia, todavía latente, puede ser una larga puja dialéctica entre aciertos y errores, uso de potestades y arbitrariedades represivas del Estado. O bien, reducir a criterios clasistas bajo un sesgo atomizado y en plena desarticulación de ciertos acuerdos sociales, exacerbando antagonismos: algunas veces falsos, otras sórdidamente defendidos.
Al margen de estas posiciones, desde el 20 de marzo, comienzo de la cuarentena, el acceso a la comida fue una cuestión central. Generar una política de asistencia alimentaria estatal, bajo un nuevo capítulo de crisis cíclica y el enorme peso de un aislamiento obligatorio a nivel federal, por al menos un trimestre, fue junto a las medidas sanitarias, primordial. En esa coordinación, insuficiente, dispar, los movimientos sociales y campesinos representaron, y serán de cara al futuro inmediato, la base colectiva proveedora de respuestas concretas en los territorios. A través de Feriazos, Alimentazos, donaciones de miles de kilos de verduras, el impulso de la Red de Comedores por una Alimentación Soberana junto a decenas de organizaciones diversas, o a través de sus propios nodos, almacenes y mercados, la Unión de Trabajadores de la Tierra, protagonizó parte de esa conformación mancomunada.
La inauguración del primer Mercado Mayorista de Alimentos Cooperativos del país, el sábado pasado en Avellaneda, es para la UTT, organización compuesta por 18.000 familias campesinas en 16 provincias, motivo de orgullo, y también una decantación lógica de un largo proceso de lucha. La articulación constante con producciones cooperativas de la enorme geografía argentina (desde una decena de yerbateras en Misiones, lácteos y quesos del sur cordobés hasta productorxs de dulces patagónicos) dan cuenta de ese proceso casi implícito entre organizaciones de distinta estructura, pero convicciones y objetivos comunes: tejer desde la conformación horizontal, propia del cooperativismo, la lucha por trabajo digno, comercio justo y un cambio social para dar repuestas regionales a un mundo en plena destrucción climática, y un mercantilismo impuesto a ultranza que posterga a millones. Romper con las estructuras y lógicas impuestas por el supermercadismo y las multinacionales, es parte de esa disputa ideológica, entre quienes menos tienen, pero se ingenian y traccionan vínculos para enfrentar la crisis, y un minúsculo grupo que no quiere siquiera aportar un mínimo de sus multimillonarias fortunas.
Hay, en paralelo a los preocupantes números de la economía, con subas en los índices de pobreza e inflación, una muestra de que los programas sociales para paliar el parate pandémico y el arrastre recesivo, son insuficientes. A su vez, en sectores medios y bajos, ya sea por mayor conciencia o por la necesidad de organizarse colectivamente para sostener ollas y espacios, la demanda de mejores alimentos, revelan incipientes paradigmas, de los buenos; de los esperanzadores: es insostenible un sistema de producción extractivista para el medio ambiente; precisamos una alimentación y diversa según las capacidad diversa de los suelos, y sobre todo, la voluntad política para lograr la vuelta al campo, para resignificar la ruralidad con medidas concretas y urgentes: 70% de familias producen el 60% de alimentos que consumimos, pero no son propietarias de la tierra que trabajan a diario.
En ese panorama hay errores claros en la política oficial, y también algunos aciertos. El acuerdo porcino con China, la creación del trigo transgénico (con el consiguiente ‘paquete tecnológico’ de herbicidas) realizado por CONICET, el avance de la obra de Portezuelo del Viento en Mendoza con la venia silenciosa del gobierno central, al igual que la nueva embestida minera de Arcioni en la meseta chubutense, o el fallido intento expropiatorio de Vicentín, contrastan con la apertura de mercados de producciones cooperativas o locales, créditos y programas para emprendedorxs sociales, y algunas políticas públicas, aún aisladas, de Estados municipales con la cesión de tierras para colonias agrícolas. Hay mucho diálogo y respuesta a distintas demandas, pero falta una interpretación más amplia de la realidad social, las consecuencias del impacto ambiental y la recesión económica en el próximo semestre, sobre todo en los sectores sociales más vulnerables.
Como respuesta concreta, la UTT propone un “Procrear Rural”, o la reciente presentación formal, por tercera vez, del proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. Un crédito a largo plazo, capaz de brindar a productorxs la posibilidad de habitar un espacio propio, donde sembrar y cosechar lo que deseen y pagar su tierra en cuotas accesibles. La propuesta es más superadora que cualquier spot de productos químicos para la tierra o los envasados multicalorías en paquete de colores chillones: con un préstamo del Banco Nación de 850 millones de pesos, familias campesinas podrían acceder a 2.000 hectáreas, donde producir alimentos para cientos de miles de personas. Reducir la cadena de intermediarios fomentando los mercados locales, como paso fundamental contra la inflación, casi un mal endémico de los últimos veinte años. La apertura del Mercado Mayorista es la respuesta a todo lo mencionado, y claro está, la muestra cabal de la reconfiguración interna de muchas cooperativas que han tenido que sortear la suba de impuestos y la recesión macrista, para buscar mediante mercados comunes y fusiones comerciales, su modo de subsistencia. Otros espacios, en tanto, han logrado ubicar sus productos con precios y ganancias justas, a través del plus que ofrece cualquier producción artesanal y colectiva a la vez: en su crecimiento sostenido está el aumento de su producción y la necesidad de expandirse.
El flamante Mercado Mayorista de Alimentos Cooperativos cuenta con 400 productos de 70 entidades y movimientos, como FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas y la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra, entre tantos otros. El crecimiento exponencial de movimientos gremiales campesinos como la UTT y la plena interacción entre distintas asociaciones productivas de la economía popular, precisan de un direccionamiento claro y estable por parte del Estado, para la conformación una política inclusiva a largo plazo que dé respuestas concretas a la difícil situación social post-pandemia. Más allá de las desigualdades con los grandes grupos económicos, asimetrías tan estructurales como las que arrastra la propia economía nacional, las cooperativas y familias productoras de alimentos, son el sostén en esta crisis social que todavía no podemos dimensionar, pero que precisa de virajes urgentes para enfrentar un futuro signado por la demanda de alimentos.