Por Tomás Astelarra
La elección de Ivan Duque, delfín del ex presidente Álvaro Uribe Velez, trae una serie de implicancias geopolíticas a las que estar atentos. Lejos de la entronación de un candidato de “derecha” en un lejano país, es la demostración del avance del esquema de terror y muerte capitalista en el continente.
El resultado de las elecciones en Colombia si bien decepciona no sorprende. Quizás si sorprenda la poca relevancia y análisis de la mayoría de los medios masivos nacionales. Incluso aquellos que se declaran “progresistas” o “de izquierda”. Las implicancias geopolíticas de esta elección para América Latina y Argentina en particular no son menores. No se trata de la elección de un candidato de “derecha” en un país que pareciera lejano y no hermano. El nuevo presidente Ivan Duque, delfín del ex presidente Álvaro Uribe Velez, es parte de un entramado narcoparamilitar que ha aprovechado la guerra, y también la “paz”, para la implementación de proyectos extractivistas de todo tipo. Aquello que las y los cumpas zapatistas llaman “la cuarta guerra mundial”. Una guerra contra los pueblos en pos del saqueo de sus recursos.
Historia de muerte capitalista
Según las Naciones Unidas, durante cada día de los primeros cuatro años del gobierno de Uribe, 8 personas fueron asesinadas y 5 detenidas arbitrariamente. El total de asesinatos (11.292) es mayor al total de víctimas de los 17 años de dictadura de Pinochet en Chile. Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas determinó que el 62% de los casos habría sido responsabilidad del estado por tolerancia o apoyo a grupos paramilitares, y 12% por acción directa de sus funcionarios. Según la Fiscalía General de la Nación se han hallado 500 fosas comunes de las 4 mil que los paramilitares habrían cavado en 29 de los 32 departamentos que tiene Colombia. Con los más de un millón de personas huyendo de sus tierras a causa de la violencia durante el mandato de Uribe, el país se convirtió en el segundo con mayor número de desplazados después de Sudán.
Cuando Uribe dejó el gobierno, las fosas comunes y los relatos de masacres se multiplicaron. También eso que los colombianos llaman “falsos positivos”, dirigentes sociales o personas de los barrios populares que son asesinados y mostrados como guerrilleros, bien como justificación a la acción represiva del estado o como shock mediática para mostrar uno de los mayores logros de Uribe durante su gestión “el combate a la guerrilla”. También se llama falsos positivos a aquellos líderes sociales encarceladas sin causa justa. La lista es infinita.
El propio Gustavo Petro, que logró un caudal de votos histórico para un candidato de izquierda en Colombia, fue el impulsor desde el Senado de las denuncias por la “parapolítica”. Las relaciones entre diversos funcionarios del gobierno, aportantes de campaña y el propio Uribe, con los ejércitos paramilitares que habían sembrado el terror en Colombia fue debidamente comprobada, incluso con fallos judiciales. La Ley de Justicia y Paz, una especie de “acuerdo de paz” con los grupos paramilitares, fue comprobado como un esquema de impunidad. Y los líderes de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron extraditados a Estados Unidos como “narcotraficantes” justo en el momento en que empezaban a confesar la complicidad en su accionar genocida del gobierno, los empresarios nacionales y multinacionales y hasta organismos internacionales y ongs.
Más allá de la pantomima de la “desmovilización”, los grupos paramilitares en Colombia siguen operando en territorios indígenas, afros y campesinos, y también en las ciudades, donde amenazan y asesinan a dirigentes sociales. El “acuerdo de paz” con las FARC no ha sido una aliciente. Todo lo contrario. Según cifras del Programa Somos Defensores, en 2014 se registraron 55 asesinatos a líderes sociales, en 2015 fueron 63 los casos, en 2016 fueron 80, en 2017 fueron 106. Alrededor de 98 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante este 2018, según el informe realizado por Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria. Este dato incluye el asesinato de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) así como de sus familiares.
¿Elecciones en paz?
El 6 de junio, diez días antes de las elecciones, fue detenido Andrés Giles Reyes. Secretario Técnico del Congreso de los Pueblos, integrante del Movimiento Quinua y de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia -Anjeco-, que apoyaba la candidatura de Gustavo Petro. El Congreso de los Pueblos es una de las organizaciones más aquejadas por casos de “falsos positivas”. Decenas de militantes arrestados sin que nunca se hubiera comprobado la causa.
A pocas horas de las elecciones presidenciales se difundieron en redes sociales una serie de amenazas contra líderes sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), especialmente aquellos que apoyan la campaña de “Colombia Humana” de Gustavo Petro.
Estas amenazas se realizaron el 14 de junio y provienen de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia quienes crearon un grupo en whatsapp llamado “Información” con la única intención de amenazar a integrantes de la campaña en varios lugares del país.
También fueron amenazadas dirigentes de la Asociación de Cabildos Indígenas de Norte del Cauca (ACIN). La carta enviada por el mismo grupo paramilitar dice: “ustedes par de sapos que están hablando durito y se oponen y joden la vida a los campesinos con reuniones y campañas politiqueras insinuando votar por el castrochavismo y su Colombia Humana, nos los queremos ver en las elecciones haciendo proselitismo porque ya saben donde quedarán. Se van o los desaparecemos”.
Por eso no soprende que los grande medios hegemónicos aliados al capital, por ejemplo, no hallan resaltado que la participación en Colombia fue casi tan baja como en Venezuela, donde el mismo dato resultó un escándalo. Pero alerta, soprende e indigna que los grande medios que supuestamente juegan para el lado de los pueblos califiquen la elección en el hermano país como “pacífica” y muestren como único riesgo del gobierno de Duque la caída de algunos puntos en el “acuerdo de paz” con las FARC. Históricamente estos medios han ignorado el genocidio de los pueblos a través de grupos paramilitares en Colombia, y lo que es peor, su relación con la estrategia de muerte capitalista de extracción de recursos, que no es solo patrimonio de Colombia. Se exporta a todo el continente. Y también a Argentina.
Una historia en común
Asi como el Plan Condor se implementó con coordinación continental, lo mismo sucede con el Plan Colombia. Cuando hace veinte años una profesora de la Universidad Autónoma de México intento explicar la guerra en ese país a través del carácter “violento” de los colombianos, el activista Manuel Rozental le explicó que su país era solo el comienzo. Que Colombia, por su abundancia en recursos naturales, era la punta de lanza de un plan de terror para el extractivismo multinacional. “Ojala no se cumpla mi pronóstico, pero en diez años, México va a estar viviendo la mismo violencia que hoy vive Colombia”, dijo.
Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154.557 personas en México y en el 94.8% de esos casos no hay un culpable sentenciado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). ¿Dijo 154 mil? Si. Y acá en Argentina discutimos si fueron 30 mil o 200. ¿Pero Argentina no es como Colombia o México? El presidente Mauricio Macri no solo ha dado la llave de la ciudad de Buenos Aires a Álvaro Uribe Velez, sino que en varias ocasiones ha alabado su política de “Seguridad Democŕatica” (narcoparamilitarismo). Dentro del escándalo de los Panama Papers el periodista Daniel Coronell en la revista Semana de Colombia explicó el giro de fondos del gobierno de Macri en CABA al gobierno de Medellín para el entrenamiento a través de ex-paramilitares de la policía Metropolitana justo antes de la represión en el Borda. Aún desde el kirchnerismo, Uribe ha sido asesor de la Gendarmería Nacional. La misma que asesinó a Santiago Maldonado y que hoy ejerce en Argentina el terror en los barrios y comunidades indígenas y campesinas. Durante el kirchnerismo (2011) fue también curioso el tratamiento de la captura de Henry Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", en el barrio de Nordelta en Tigre. Fue presentado como narcotraficante. Sin embargo también era uno de los jefes de Los Urabeños, uno de los principales grupos paramilitares en Colombia, responsable de numerosas masacres contra pueblos originarios del norte del pais. Norte de Medellín, cuna de Uribe. Una de las regiones donde las fosas comunes día a día siguen apareciendo. Mi Sangre fue extraditado a Estados Unidos como “narcotraficante”, sin saber si su presencia en Argentina tenía más implicancias que el tráfico de drogas. No era solo un traficante de drogas. Era un narcoparamilitar ligado al ex presidente Uribe, ligado al presidente Macri.
La implicancias de la elección en Colombia
¿Acaso el periodismo argentino no conoce estas informaciones?¿Acaso la descartan?¿Por qué las políticas económicas de Cambiemos parecen ser más mortales que sus políticas represivas?
No estamos diciendo que Argentina es Colombia. No. Nos faltan arepas, papayas y mucha cumbia. Todavía nos faltan balas y fosas comunes. Pero son los mismos pueblos originarios los que resisten contra el saqueo de los grandes grupos multinacionales ligados al gobierno nacional. Son las mismas barriadas en las calles reclamando sus derechos. ¿Como se soluciona la protesta social y la resistencia de los pueblos? Con represión. Y Colombia es uno de los mejores ejemplos en América Latina de la represión a los pueblos con la complicidad de medios masivos, jueces y ongs, entre otros. ¿Sino para que copiar el modelo de “Seguridad Democrática de Uribe?.
A pesar de haber sido elegido el colombiano del siglo por el History Channel, las numerosas causas judiciales e informaciones sobre la relación de Uribe con los grupos paramilitares (incluso su hermano era líder de un grupo paramilitar), hicieron que el ex-presidente ejerciera un rol mas bien de perfil bajo a nivel internacional. La elección de Duque lo sitúa en un lugar de redención en sus propios pagos que lo autoriza a difundir su plan de “Seguridad Democrática” en el resto del continente, en foros y organismos multinacionales. La entrada de un gobierno de extrema derecha en Colombia no sólo acentuará la represión en ese hermano y lejano país, sino que, por ejemplo permitirá acentuar la guerra de baja intensidad que Colombia viene manteniendo con Venezuela, donde el gobierno bolivariano viene denunciando hace años la infiltración de grupos paramilitares que responden a la derecha colombiana. Los medios hegemónicos mostrarán a Uribe como un “héroe” que pudo combatir la guerrilla y el narcotráfico (que todos sabemos que son ellos, los gobiernos y las empresas, pero para ellos somos nosotros, los que nos oponemos a su plan de muerte extractivista). Los medios progresistas seguirán diciendo que en un lejano país ganó un candidato de derecha.